5 razones por las que el proyecto del aborto perjudica la salud pública en Argentina

El proyecto que será votado por el Senado el 8 de agosto permite el aborto libre hasta la semana 14 de gestación; y hasta los nueve meses de embarazo bajo las causales de violación, riesgo de vida y salud de la madre e inviabilidad fetal. Además, prohíbe la objeción de conciencia institucional.

En una columna publicada en Infobae, el especialista en Medicina Crítica y profesor de la Universidad Católica de Argentina (UCA) advirtió que el proyecto perjudica la salud pública por las siguientes razones:

1. Falsa relación entre legalidad y descenso de la mortalidad materna

En el debate, el aborto inducido como causal de muerte fue “sobredimensionado”, ya que los reportes del Ministerio de Salud “no aluden a la legalidad como factor determinante de las muertes”.

Esto concuerda con la evidencia científica e incluso con la OMS “que no encuentra asociación causal entre legalidad y descenso de mortalidad”. En cambio, demuestra que la mortalidad desciende “con el acceso y la profesionalización de los cuidados del embarazo, el parto y el puerperio; la inversión en educación de la mujer; el acceso al agua potable y el alcantarillado; el control de la fecundidad y la disminución de la violencia contra la mujer”.

El aborto inducido es la causa N° 70 de muerte en las mujeres, mientras que “dos de cada cinco mujeres fallecen por una enfermedad cardiovascular, y una por algún tumor”.

“La responsabilidad de administrar recursos públicos exige prioridades. Estas deben establecerse de forma transparente, justa y abierta a la revisión. Seremos injustos con el resto de causas, hoy eclipsadas por la altisonancia del aborto”, sostuvo el médico.

2. Aumenta los riesgos de salud de los más vulnerables

De Janon indicó que las personas más vulnerables (poblaciones rurales, adolescentes, y personas por debajo de la línea de la pobreza) se acercan al sistema de salud de forma excepcional.

“El hospital público los incorpora y retiene a través del seguimiento posparto. Pero, al desaparecer el motivo de consulta, estas personas volverán a la exclusión”, advirtió.

Agregó que “claro que no hay que estar embarazada para tener controles, pero las cifras anuales identifican a más de cuarenta mil mujeres que viven alejadas del sistema y se acercan solo momentos antes de dar a luz”.

3. Se omiten las contraindicaciones de un aborto

El experto señaló que “los supuestos del proyecto desconocen indicaciones y contraindicaciones”.

“El aborto farmacológico no es inocuo. En países desarrollados mueren de 7 a 30 personas cada cien mil eventos. Los supuestos también permiten abortar después de la semana 14, cuando el riesgo aumenta 40% por semana; en tanto que luego de la 20 las posibilidades de perder el útero son muy altas y la mortalidad excede los 52 casos en cien mil”, advirtió.

4. Se deja de lado el consentimiento informado

En ese mismo sentido, el médico lamentó que en este proyecto de ley “el consentimiento informado deja de ser un proceso”.

El consentimiento, explicó, se toma luego de que la información sea “completa, pues quien recibe la práctica debe conocer bien su estado de salud, qué se hará, qué se espera, los riesgos, las alternativas y qué pasaría de no hacerse la práctica”.

“El consentimiento es, con garantía de la ley, un proceso sin premura y omisión de recaudos”, precisó.

5. Plazos incompatibles con el funcionamiento del hospital público

De Janon constató contradicciones en los plazos y señaló que el aborto no puede realizarse cuando hay anemias, enfermedades hematológicas, hepáticas y renales, insuficiencia suprarrenal y más situaciones “que para descartarlas se necesitan estudios que demoran más de los cinco días de plazo”.

“Basta mencionar que en la Maternidad Sardá un tercio de las embarazadas no acuden a controlarse por falta de turnos; y en los hospitales públicos del Conurbano, el 25% de los usuarios debe esperar más de dos meses para conseguir un turno”, indicó.

Al constatar que el aborto menoscaba la calidad de los cuidados de los más vulnerables, de Janon subrayó que “de nada sirve sustituir profesionales y abaratar costos, sin reconocer que el verdadero problema es que tres de cada cinco embarazadas no tienen otra opción más que el medio público”.

En el intento de imitar “al norte civilizado”, el médico cuestionó, “¿para qué país está pensada esta ley? Temo que no esté pensada para donde tres de cada cinco no pueden elegir, ante el imperio de la opción única”.