Banco Vaticano presenta su informe anual de 2018
(ACI) El Instituto para las Obras de Religión (IOR), el antiguo Banco Vaticano, hizo público este martes 11 de junio el informe anual correspondiente al año 2018.
Se trata de la séptima vez que el IOR difunde estos datos, lo cual responde a una política de mayor transparencia y control.
El informe, que ha sido sometido a una revisión contable de la empresa Deloitte & Touche, fue aprobado por unanimidad el 16 de abril por el Consejo de Supervisión del Instituto.
Según las conclusiones del informe, resumidas en un comunicado difundido entre los medios de comunicación acreditados en el Vaticano, “en 2018 el Instituto continuó, con prudencia, a suministrar servicios financieros a la Iglesia católica presente en todo el mundo y al Estado de la Ciudad del Vaticano”.
“Sus resultados financieros reflejan este enfoque y confirmar el compromiso adoptado en 2014 por el Consejo y la Dirección de cara a hacer del IOR un mejor instituto financiero, más cercano a sus clientes con fuertes principios éticos, productos de mayor nivel, procedimientos de control en línea con las mejores prácticas internacionales”.
En concreto, el informe anual correspondiente a 2018 señala que el IOR ofreció servicios a 14.953 clientes por valor de 5 mil millones de euros en recursos financieros, de los cuales 3 mil 200 millones corresponden a la gestión y custodia de ahorros.
Se obtuvo un resultado neto correspondiente a 17 millones 500 mil euros, a pesar de las fuertes turbulencias de los mercados en el pasado año y la persistencia de tasas de interés todavía demasiado bajos.
A lo largo de 2018, el IOR también continuó con el proceso de optimización de costes, reduciéndolo a 16 millones frente a los 18 millones 700 mil en 2017.
Asimismo, a 31 de diciembre de 2018, el IOR registró un patrimonio neto en la distribución de beneficios de 637 millones de euros, correspondiente a un ratio TIER 1 del 86,4%, como testimonio de su elevada solvencia y de su perfil de bajo riesgo.
En 2018, el Instituto también aumentó la integración de criterios negativos y positivos de análisis para la selección de la actividad financiera con la cual se puedan realizar inversiones coherentes con la ética católica, seleccionando exclusivamente empresas que desempeñen una actividad conforme a la Doctrina Social de la Iglesia Católica.
Además, se continuaron las inversiones dirigidas a favorecer el desarrollo de los países más pobres, con respeto a las decisiones coherentes con la realización de un futuro sostenible para las generaciones futuras.
Por último, se contribuyó a la realización de numerosas actividades de tipo benéfico y social, tanto por medio de donaciones de carácter financiero, como mediante la concesión en alquiler con cánones subvencionados o préstamos de uso gratuito de inmuebles de su propiedad a entes con finalidad social.
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